La propuesta de crear un Registro Nacional de Delitos Sexuales está cajoneado en la Cámara baja por la oposición de los garantistas. La provincia de Buenos Aires y Mendoza ya cuentan con la norma.

Al igual que otras leyes polémicas -tanto en Diputados como en Senadores- la discusión está cruzada entre los bautizados garantistas y los que consideran que, desde una posición liberal a ultranza, los que cometen delitos sexuales no deben seguir siendo invisibles. Según la información recogida por Parlamentario es una discusión no saldada. Por lo tanto, conjeturan que por ahora no se sancionará ninguna ley en esa dirección, salvo que desde Balcarce 50 digan lo contrario.

En ese contexto, destacan que, por ejemplo, las leyes consideradas pro aborto, como lo denuncian todos los miércoles en la puerta del Palacio de las Leyes un minúsculo grupo católico con velas y crucifijo en las manos, como son bautizadas por Cristina Fernández de Kirchner, quedaron en el cajón del olvido, pese a algunas conversaciones informales de la Presidenta con legisladoras que son de su confianza política.

En tanto, el gobernador Daniel Scioli logró vencer la resistencia, mínima por cierto, del justicialismo y de sus aliados en la Legislatura bonaerense, y tiende a cristalizarse una ley por la cual se crea un registro de violadores a partir de un dictamen común que registraba los presentados por los senadores del FPV ( Frente para la Victoria) Edda Acuña, José Molina y Elsa Strizzi y el senador José Zingonio del partido de Elisa Carrió, la Coalición Cívica.

El registro tendrá el nombre completo del sentenciado con condena firme; domicilio actual o la última residencia conocida; causa por la que se incorporó al registro; pena que se le aplicó; foto e identificación física. También contará con al información genética (ADN) de todas las personas sentenciadas con condena firme por delitos contra la integridad sexual, así como los rastros que se tomen de las víctimas en aquellos hechos donde su autor sea desconocido. En la misma dirección la Legislatura mendocina tiene aprobada la norma.

Y por casa cómo andamos

Una de las diputadas que en los últimos años batalló por la sanción de la ley es Paola Spátola, del bloque unipersonal Guardia Peronista, y ahora se sumaron los de la oficialista Nora César y de las radicales Vilma Baragiola y Sandra Riobó. Estas propuestas tendrán que sortear tres comisiones: Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda, para luego recién tener un dictamen favorable.

En cuanto a las diferencias entre el proyecto de Spátola, de César y Baragiola -con sus matices- es el tiempo de caducidad del registro, quiénes podrán tener acceso a él, cuál será la institución del cual dependerá y la implementación de programas de rehabilitación psicológicos optativos para los condenados, como lo impulsa César; mientras que Spátola no coincide con esta última intención.

En cuanto a quiénes podrán acceder a los datos del registro, el proyecto de César omite darlos a conocer a instituciones educativas, lo que es rechazado de plano por Spátola, que considera vital que se admitiera a entidades educativas y otras ONG ya que la idea es proteger a los menores en riesgo. En cuanto a quién operará el Registro, César no establece que esté bajo la órbita del Registro Nacional de Reincidencia, sino que dependa directamente del Ministerio de Justicia, al igual que el de Baragiola.

Otra diferencia es que César propone dejar activa la nómina de condenados por 20 años, mientras que Spátola la limita a diez, el mismo lapso de registro para los casos de homicidios.

Al margen de estas diferencias en los proyectos, el telón de fondo es la decisión política. Si CFK (Cristina Fernández de Kirschner) decide avanzar en la sanción de esta ley, seguramente la mesa de conducción del bloque del Frente para la Victoria (FPV) habilitará para su tratamiento en las comisiones por donde deberá transitar la iniciativa. Por ahora no figura entre las prioridades del Gobierno.

Fuente: Parlamentario – 11.09.2008