LA PLATA-BUENOS AIRES.- Entre los ejes de su gestión, más allá de la presidencia de la Comisión de Producción de la Cámara Baja bonaerense, la diputada Adriana Cudós había señalado la necesidad de instar por una nueva legislación que regule la habilitación y el funcionamiento de los geriátricos en la Provincia, con la premisa de una estrategia de descentralización a través de una “adhesión voluntaria” por parte de los municipios, en lo que respecta a “la delegación por parte de la jurisdicción provincial al nivel territorial la habilitación, contralor y fiscalización del funcionamiento de los establecimientos destinados al albergue de adultos mayores”, comúnmente denominados "geriátricos", un sector donde se han constatado serios inconvenientes e irregularidades en su funcionamiento.

En tal sentido, y retomando la gestión legislativa en esta dirección, la nueva propuesta normativa que propone Cudós en su proyecto de ley prevé, adicionalmente a la delegación en los municipios de la habilitación y control de geriátricos, tratar en forma separada la temática que aborda el funcionamiento de los geriátricos, del decreto-ley 7.314/67, que comprende la generalidad de establecimientos privados asistenciales y de recreación (incluyendo actualmente el funcionamiento de los hogares de internación de ancianos o geriátricos).

Por otra parte, se impulsa que el organismo de aplicación de la ley propuesta (que debería tratarse del Ministerio de Salud provincial), deberá brindar la asistencia técnica necesaria a los municipios adherentes a la ley, para una correcta implementación del proyecto y velar por el buen funcionamiento del servicio delegado en los municipios.

Ésta puede ser una norma que a futuro coadyuve a asegurar un control más estricto de los geriátricos, en pos del bienestar de la población adulta internada en este tipo de establecimientos, delegando en el nivel local el control y la fiscalización del funcionamiento de los establecimientos y el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para su habilitación (que resulten del decreto que reglamente esta norma), dada la imposibilidad manifiesta de hacerlo correctamente desde la órbita provincial, con más de 130 municipios y una abanico de responsabilidades que bien podrían compartirse con los municipios en una coordinación mancomunada por partes de ambas esferas, provincial y municipal.

No obstante ello, el Ejecutivo bonaerense no perderá el poder de policía, pudiendo realizar inspecciones en los municipios a fin de corroborar el fiel cumplimiento de esta ley y una correcta atención a los internados en estas instituciones, que es definitiva el fin último de estas iniciativas.

Fuente : Agencia NOVA- 09.07.08